Dirección de la respuesta a las conductas públicas no deseadas

Dirección de la respuesta a las conductas públicas no deseadas

La detección y la respuesta a la conducta no deseada La modificación de la conducta y sus fases Los ciudadanos demandan del gobierno que se alcancen objetivos similares a los siguientes: una economía fuerte y productiva, una mejor educación, mayor seguridad ciudadana, mejor salud, más empleo…. Para lograr estos objetivos, los gobiernos emplean muchas herramientas, como la legislación, las sanciones, los impuestos, los subsidios, la prestación de servicios públicos, la información y la persuasión. Estas herramientas sirven para influir en la conducta ciudadana. Para cambiar la conducta de los ciudadanos, existen cinco fases que responden al acrónimo DREAM, del idioma inglés que se desglosa en (Detecting, Responding, Enforcing, Assessing, Modifying) tal como se esboza a continuación. Para ello se seguirá el texto de Baldwin et al. (2012). 1. Detección: La obtención de información sobre el comportamiento indeseable y que no cumple con las prescripciones normativas. 2. Respuesta: El desarrollo de las políticas, las normas y las herramientas para hacer frente a los problemas detectados de conducta indeseable. 3. Cumplimiento (Hacer cumplir): El control de la aplicación de las políticas, las normas y los principios cuando existe una resistencia (real o potencial) de los ciudadanos a cumplir con ellas. 4. Evaluación: La valoración y la medición del éxito o el fracaso en la aplicación de las medidas propuestas. 5. Modificación: El ajuste y la mejora de las políticas, las normas y las herramientas propuestas para modificar aquellas conductas no deseadas que aún se resisten. En realidad, esta fase repite los pasos 1, 2 y 3, pero con cambios respecto al diseño original. En general, en el enfoque cibernético del control social se distinguen tres componentes, que vinculan el objetivo perseguido a las fases descritas anteriormente. Un primer componente es la capacidad de establecer una serie de estándares a los que aspirar, de forma que se pueda distinguir sobre qué estados futuros del sistema en el que nos encontramos son preferidos frente a otros. En segundo lugar debe haber una capacidad de obtener información que nos permita valorar el comportamiento actual del sistema para ver si se cumplen los objetivos gubernamentales y hasta qué punto la conducta de los actores sociales se distancia de dichos objetivos. Finalmente, se necesita la capacidad de modificar la conducta de los ciudadanos para cambiar el estado de un asunto determinado (Hood et al. 2001: 23). En este Tema se desarrollarán las dos primeras fases; mientras que la tercera fase se trata en el Tema 3. La detección La detección de la conducta no deseada se hace, por tanto, en relación a un estado futuro deseado, que se sustancia en unos estándares de conducta que deben observar los actores sociales. Paulatinamente, las autoridades públicas de distintas partes del mundo van coincidiendo en los tipos de estándares a los que aspiran para sus conciudadanos, pero estos estándares todavía varían de unos lugares a otros: son distintos los estándares de limpieza de las calles, de nivel de salud y de educación de las personas, de seguridad ciudadana experimentada así como otros ejemplos parecidos. En cualquier caso, esos estándares son los patrones contra los que se determina la conducta no deseada. La detección de la conducta desviada de la normativa se hace a través de diversos instrumentos: informes encargados a expertos, trabajos de campo con encuestas, inspecciones para detectar el incumplimiento, entre otras medidas. Aunque hay múltiples instrumentos para detectar la conducta desviada de la norma propuesta o el estándar aspirado, también existen numerosos retos que convierten la detección en una actividad difícil. Los retos a los que se enfrenta la detección de la conducta no deseada o la conducta que no respeta la normativa son varios, aunque hay dos de notable importancia. En primer lugar, en algunos sectores de políticas, el ámbito donde debe detectarse la conducta no deseada es tan amplio, que no es fácil detectar el comportamiento irregular de la comunidad. En estos casos, infringir las normas (de manera clandestina o no) puede ser barato y fácil de llevar a cabo. En estos ámbitos complejos, no existen instrumentos sistemáticos para detectar el incumplimiento de la normativa. Por ello, las autoridades recurren a la información ofrecida por los ciudadanos o a procesos específicos de denuncia de irregularidades (los ‘chivatazos’). Por ejemplo, en la década de los años noventa durante un período de sequía inusual en Inglaterra, el gobierno animó a los ciudadanos a que denunciaran a aquellos vecinos que estaban regando los jardines y lavando sus coches, actividades prohibidas como consecuencia de la escasez de agua. Aparte de la opinión que pueda merecer esta medida, está claro que el ámbito del problema es tan amplio que el gobierno carece de recursos propios para identificar la conducta desviada, para conocer qué vecino está regando su jardín, especialmente en un país con múltiples casas con pequeños jardines en la parte interior. La desventaja de esta forma de proceder es que el gobierno recibirá una buena cantidad de información que es poco fiable y que no dice mucho de la intensidad y la extensión con la que se desvía la conducta de lo regulado. En segundo lugar, la falta de recursos constituye un obstáculo perenne a la detección apropiada de la conducta desviada. En muchas áreas, conocer el nivel de cumplimiento con la normativa exige un examen exhaustivo de las premisas de los ciudadanos (qué motivaciones tienen a incumplir), o una investigación exhaustiva de cómo incumplen. Desafortunadamente, los fondos públicos no permiten tales actividades. Por ello, en la mayoría de los casos se recurre a inspecciones aleatorias que permiten obtener datos de una parte sobre el todo. Ante la dificultad de obtener la información adecuada para establecer cuánto se desvía la conducta y cuáles son las causas de este desvío, las autoridades tienen que desarrollar distintas estrategias. Una primera estrategia consiste en desarrollar una concepción clara de los objetivos gubernamentales en esa área específica así como un desglose adecuado de estos objetivos en subobjetivos, de tal forma que un problema complejo pueda ser analizado adecuadamente. Si esto no se hace, los organismos reguladores no sabrán exactamente qué tipo de comportamiento desviado es el que se necesita detectar y cambiar. Adicionalmente, en sectores fluidos y cambiantes, estos objetivos pueden cambiar rápidamente con el tiempo. Por ejemplo, si se quiere proteger los derechos de autor, los organismos reguladores deben tener en cuenta el paso vertiginoso al que cambian las nuevas tecnologías. Si hace unos años la prioridad principal era combatir la fotocopia de libros mediante, por ejemplo, la introducción de un canon cada vez que se hacían fotocopias de obras cuyos derechos de autor estaban protegidos, hoy en día la lucha gubernamental se centra en las empresas u organizaciones proveedoras de contenidos que tienen derechos de autor por los que no se pagan. En Estados Unidos, por ejemplo, se intenta que la regulación alcance no sólo a los sitios web alojados en territorio estadounidense sino también en otros países, para que el bloqueo de acceso a estos servicios sea universal. Por tanto, la continua innovación hace que detectar la conducta desviada sea muy complicado. En segundo lugar, y en este estado de continuo cambio, es esencial identificar los niveles y los patrones de cumplimiento con la normativa, pero el cambio plantea retos. Continuamente aparecen nuevos métodos para eludir las normas u ocultar el incumplimiento. En tercer lugar, el gobierno también debe evaluar hasta qué punto el cumplimiento de los requisitos legales propuestos puede no ser suficiente para alcanzar los objetivos gubernamentales. Como consecuencia de los continuos cambios, es fundamental conocer permanentemente la brecha entre las normas y objetivos. La respuesta La respuesta a la conducta desviada se realiza a través de un amplio conjunto de instrumentos regulatorios. De acuerdo con Baldwin et al. (2012), la regulación puede ser entendida de una forma estricta y vinculada a la legislación procedente de las autoridades públicas y se entendería como todo conjunto de órdenes y reglas vinculantes promulgadas por un organismo (público) dedicado a este fin. Sin embargo, en otra visión más amplia, la regulación abarca actividades que van más allá de las disposiciones normativas. Una segunda visión de la regulación abarca todas las acciones estatales diseñadas para influir en el comportamiento de los actores sociales (individuos, empresas y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales). Por tanto, además de la capacidad de elaborar normas, también se incluirían otros medios como los incentivos, (por ejemplo, impuestos o subsidios), o las campañas de información por citar sólo algunos. Finalmente, en la actualidad, la regulación puede ser también elaborada por organismos privados. Quizá esta concepción de la regulación sea menos aceptada por determinados juristas ortodoxos. En esta tercera concepción, las corporaciones, las asociaciones sin ánimo de lucro, los colegios profesionales o las cámaras de comercio pueden regular las relaciones y las actuaciones de sus miembros, dejando a los organismos públicos un papel subsidiario de regulación (véase el concepto de ‘regulación inteligente’ del Tema 3). Teniendo en cuenta la acepción amplia de regulación, se pueden analizar las estrategias regulatorias a partir de las distintas capacidades que el gobierno posee para influir la actividad industrial, agrícola, económica o social. Según Baldwin et al. (2012), se proponen las siguientes capacidades, que serán replicadas posteriormente por distintas estrategias regulatorias. • Mando y control: El imperio de la ley se utiliza para alcanzar los objetivos gubernamentales transformados en políticas públicas y servicios públicos. • Emplear incentivos económicos: Los contratos, las subvenciones, los préstamos, los subsidios y otros incentivos se utilizan para influir en la conducta. • Potenciar los mercados: El gobierno intenta fomentar la competencia en beneficio de los ciudadanos (por ejemplo, las concesiones). • Informar a los actores sociales: Se ofrece información de utilidad a los consumidores para que ellos decidan qué y cómo consumir los productos y los servicios desarrollados tanto por operadores públicos como privados. • Actuar directamente: Las autoridades públicas prestan el servicio directamente, como por ejemplo prohibir que se consuma agua para regar los jardines durante los períodos de sequía. • Protección de derechos: Esto se refiere al reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, como por ejemplo, el derecho a disfrutar de un aire respirable. A continuación se estudiarán las distintas estrategias por separado adaptando la propuesta de Baldwin et al (2012). En un primer apartado se analizan las estrategias de tipo regulatorio sensu stricto, es decir, las que se refieren a la elaboración de normas. En una segunda sección se tratarán las demás estrategias vinculadas a las dos concepciones más amplias de la regulación.

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Fuentes:

Burgos Baena, Agustín (2017). Análisis bursátil avanzado


Sobre el autor

Dr. Agustín Burgos Baena


Catedrático - investigador - inversor, ofreciendo mis servicios y conocimientos a empresas (consultoría), universidades (formación), estudiantes (tesis) y público en general (inversiones).

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Citar:

Burgos Baena, Agustín. (2017). Dirección de la respuesta a las conductas públicas no deseadas. Recuperado de: http://www.xprttraining.com/publica/deteccion_respuesta_conductas_publicas_no_deseadas.html

 

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